La participación de motociclistas en la mortalidad vial pasó del 34% en 2012 al 47% en 2025. Un nuevo estudio de Luchemos por la Vida analiza las conductas de riesgo, la percepción de los usuarios y el papel de los controles para explicar una problemática que golpea especialmente a los jóvenes y alcanza niveles alarmantes en algunas provincias.
La motocicleta se convirtió en uno de los protagonistas más preocupantes de las estadísticas de siniestralidad vial en Argentina. Lo que hace poco más de una década representaba poco más de un tercio de las víctimas mortales del tránsito hoy se acerca a la mitad. Y detrás de ese crecimiento aparecen una combinación de conductas imprudentes, escasa percepción del riesgo y controles insuficientes.
Los números son contundentes. Según los relevamientos de la Fundación Luchemos por la Vida, en 2012 los conductores de motocicletas y ciclomotores representaban el 34% de las víctimas mortales en siniestros viales del país. En 2025, esa proporción trepó al 47%, con registros superiores al 60% en algunas jurisdicciones.
El panorama adquiere dimensiones todavía más preocupantes en Formosa, donde más del 70% de las víctimas fatales del tránsito son ocupantes de motocicletas. Un dato que vuelve a poner en discusión las condiciones de circulación, la prevención y la responsabilidad de las autoridades en materia de seguridad vial.
La problemática tiene un rostro especialmente joven. La mayoría de las víctimas motociclistas pertenece a los grupos de menor edad, una tendencia que también se observa a escala internacional. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 30% de las personas fallecidas en siniestros de tránsito en el mundo son ocupantes de motocicletas, y la mayoría tiene menos de 29 años.
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El riesgo que muchos motociclistas no perciben
Frente al incremento sostenido de víctimas, Luchemos por la Vida desarrolló un nuevo estudio denominado Conductas de Riesgo de Motociclistas, con el propósito de profundizar en las causas que explican esta situación y aportar herramientas concretas para reducir la mortalidad.
La investigación parte de una cuestión central: conocer la vulnerabilidad de quienes circulan en motocicleta no necesariamente significa ser conscientes de ella. La exposición física del conductor, la ausencia de una estructura de protección y la dependencia casi exclusiva del casco como elemento de seguridad convierten cualquier error en una amenaza potencialmente grave.
Pero el problema no se limita a la protección individual. El comportamiento de los motociclistas también influye sobre la seguridad de peatones, automovilistas y otros usuarios de la vía pública.
Para comprender mejor esta dinámica, el estudio combinó observaciones directas del tránsito con entrevistas individuales y encuestas a conductores. El objetivo fue establecer una relación entre las conductas efectivamente observadas y la percepción que los propios motociclistas tienen de los riesgos que asumen.
La investigación contempló 3.568 observaciones realizadas durante días laborables, entre las 10 y las 18 horas, en calles urbanas de la Ciudad de Buenos Aires y de tres localidades bonaerenses: Ramos Mejía, Lanús y San Martín.
Entre los comportamientos analizados se incluyeron el uso correcto del casco, el respeto de la prioridad peatonal, la utilización de las luces de giro y las maniobras de filtrado y circulación en zigzag entre vehículos o carriles.
Se trata de conductas habituales en el tránsito urbano que, aunque muchas veces son naturalizadas por los propios usuarios, pueden incrementar considerablemente la exposición a situaciones de peligro.
No alcanza con disponer de leyes ni con insistir en campañas de concientización si después no existen mecanismos capaces de hacer cumplir las normas.
El casco: entre la obligación y la falta de controles
Si existe una medida básica para reducir las consecuencias de un siniestro en motocicleta, es el uso correcto del casco. Sin embargo, la obligatoriedad establecida por la legislación no garantiza por sí sola su cumplimiento.
En este punto, los datos relevados por Luchemos por la Vida permiten observar una diferencia significativa entre dos jurisdicciones que presentan realidades distintas en materia de fiscalización.
En la Ciudad de Buenos Aires, donde existen controles sistemáticos y continuos, el uso correcto del casco alcanza el 84%. Esto significa que el 16% de los motociclistas observados no lo utiliza o lo lleva colocado incorrectamente.
En la provincia de Buenos Aires, en cambio, el porcentaje de uso correcto desciende al 67%, mientras que las situaciones de ausencia o utilización inadecuada del casco ascienden al 33%. La diferencia no es menor: el incumplimiento prácticamente se duplica.
Para la fundación, estos resultados ponen en evidencia la importancia de los controles presenciales, las cámaras y los radares como instrumentos para modificar comportamientos. La legislación existe, pero su eficacia depende también de que las infracciones sean detectadas y sancionadas.
La seguridad vial no puede quedar librada exclusivamente a la responsabilidad individual. Sin fiscalización efectiva, incluso las normas más elementales pierden capacidad de prevención.
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Una responsabilidad que excede al conductor
El nuevo estudio no se limita a describir comportamientos. También busca avanzar en propuestas destinadas a las autoridades responsables de la seguridad vial y a las empresas de aplicaciones que utilizan motocicletas como herramienta de trabajo.
Este último aspecto cobra especial relevancia frente al crecimiento de los servicios de reparto y transporte, que incorporaron a miles de motociclistas a la circulación cotidiana y los exponen a largas jornadas sobre dos ruedas.
La presión por cumplir horarios, la cantidad de desplazamientos y la necesidad de mantener la productividad pueden convertirse en factores adicionales de riesgo. Por eso, la prevención también requiere involucrar a las empresas y plataformas que organizan estas actividades.
A partir de sus observaciones, entrevistas y de la revisión de experiencias internacionales, Luchemos por la Vida plantea la necesidad de impulsar un programa integral de prevención para la seguridad de los motociclistas.
La propuesta apunta a combinar educación vial, controles eficaces, sanciones y participación de los distintos actores involucrados en el tránsito.
Una estadística que no puede naturalizarse
Que los motociclistas representen el 47% de las víctimas fatales del tránsito argentino no es solamente un indicador estadístico. Es la expresión de un problema de seguridad pública que afecta especialmente a los sectores más jóvenes y que exige respuestas sostenidas.
El contraste entre los resultados de la Ciudad de Buenos Aires y los de la provincia muestra, además, que la fiscalización puede contribuir a modificar conductas. No alcanza con disponer de leyes ni con insistir en campañas de concientización si después no existen mecanismos capaces de hacer cumplir las normas.
Cada casco que no se utiliza, cada prioridad peatonal ignorada y cada maniobra peligrosa representan una oportunidad perdida para evitar un siniestro.
La motocicleta seguirá siendo una alternativa de movilidad y trabajo para millones de argentinos. El desafío es que esa elección no implique asumir riesgos que pueden prevenirse.
Porque cuando la seguridad vial depende únicamente de la buena voluntad de quienes circulan, las consecuencias terminan reflejándose en las estadísticas. Y, sobre todo, en vidas que ya no pueden recuperarse.
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